A pocos días de las audiencias en la Corte Internacional de La Haya, mañana se manifestarán sobre el puente fronterizo San Martín, que une Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos
La marcha fue convocada para las 13:00 y para su realización se levantará temporalmente el corte de la ruta internacional 136 que nace en Gualeguaychú y va hacia el puente General San Martín, bloqueo total que se instaló hace casi tres años.
Bajo el lema "La verdad reclama, fuera Botnia", los asambleístas marcharán para solicitar al tribunal internacional un fallo "por justicia, por el agua y la vida" ante el funcionamiento de la papelera finlandesa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a orillas del río Uruguay.
"Este fallo determinará el futuro de la salud y la calidad de vida en la región. Está en juego la soberanía nacional y nuestros recursos naturales", señalaron los asambleístas en sus afiches de convocatoria.
Según los medios entrerrianos, luego de la caminata hacia el puente habrá un acto religioso con pastores de diferentes credos y se leerá una proclama.
Las audiencias orales en La Haya se realizarán entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre. En esa fecha se levantará el secreto en torno a las pruebas sobre supuesta contaminación, que incluyen los olores en el aire y las manchas en el agua.
----------------------------
Radiodifusión / En el congreso
Semana clave para el debate de la ley de medios audiovisuales
Se deben definir metodología de trabajo y posibles cambios.
Buenos Aires. En la primera semana de tratamiento parlamentario del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los distintos bloques de la Cámara de Diputados de la Nación pusieron sus cartas sobre la mesa y afloraron controversias que vaticinan un trámite complejo de la iniciativa.
Esta norma busca reemplazar la vigente ley de radiodifusión dictada en los años de la última dictadura y modificada de modo parcial por los gobiernos democráticos posteriores.
Los conflictos se centraron en dos aspectos: el de la metodología de trabajo en el plenario de comisiones y el del contenido mismo del proyecto oficial.
El primero hizo más ruido que el segundo porque, consciente de la mayoría con que todavía cuenta el oficialismo en el cuerpo, la oposición dura –encarnada en la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, el peronismo disidente y el cobismo– intentó generar un esquema de debate en comisión cuyo objetivo final era llevar el tratamiento de la ley en el recinto a los primeros días de diciembre. Esto es, una semana antes de la renovación parcial de ambas cámaras del Parlamento, prevista para el 10 de ese mismo mes.
El Frente para la Victoria (FPV), que desde un primer momento dejó claro que su voluntad es sancionar la ley antes de esa fecha, recurrió a una estrategia previsible, que además ya le dio resultado con otras leyes tratadas en el Parlamento: decidió someter el proyecto a la opinión de distintos sectores invitados a participar de audiencias públicas, pero fijó un cronograma más restringido que, en principio, se limitará a tres reuniones previstas para martes, miércoles y jueves de la semana próxima.
No lo dijo de manera explícita, pero la conducción del bloque estima que el proyecto, con modificaciones, podría bajar al recinto este mismo mes, o a lo sumo a principios de octubre, para luego iniciar su derrotero en el Senado.
Con estas dos posturas contrapuestas, el choque resultó inevitable y el jueves, cuando sesionó el plenario por primera vez con la presencia del titular del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, ocurrió que el oficialismo impuso su metodología de trabajo y la oposición se ofuscó, lo que dio tinte de escándalo a lo que en rigor no fue más que el resultado de la relación de fuerzas que por ahora rige en la Cámara Baja.
Pasos opositores. El viernes, mientras las fuerzas de la oposición –cuya cabeza visible es la radical Silvana Giudici, titular de la Comisión de Libertad de Expresión– analizaban si continuarían o no participando del plenario y especulaban con convocar a audiencias paralelas en siete regiones del país, la conducción del cuerpo oficializó la convocatoria a los interesados en inscribirse para participar de las audiencias públicas que comenzarán el martes a las 9.
Se iniciará entonces esta semana el debate profundo referido al contenido de la ley, aunque el posicionamiento previo de las bancadas dejó claro que, para lograr la aprobación, el oficialismo necesitará ceder a algunos reclamos de socios y aliados circunstanciales e inclusive de algunos diputados que, si bien militan en la oposición dura, ven con buenos ojos los aspectos centrales de la ley.
La presidenta Cristina Fernández; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el propio Mariotto y hasta el ex presidente Néstor Kirchner admitieron públicamente que la ley será modificada una vez que los sectores convocados hagan oír su voz.
Es que si el FPV aspira a sancionar la ley con mayor consenso que otras veces, sabe que deberá escuchar a los bloques de centroizquierda e inclusive al socialismo y a GEN, el partido de Margarita Stolbizer que esta vez tomó distancia de sus socios del Acuerdo Cívico y Social.
La autoridad de aplicación, la apertura del negocio a las telefónicas y la revisión cada dos años de la actualización tecnológica de los poseedores de las licencias aparecen, en principio, como los aspectos susceptibles de sufrir modificaciones.
“No vamos a aceptar cambios en los aspectos antimonopólicos de la ley, pero estamos abiertos a discutir los otros temas, siempre teniendo en cuenta que para llegar a este proyecto hubo debates en todas las provincias y se incluyeron 80 modificaciones”, aseguró una fuente del bloque del FPV.
Repercusiones
Gerardo Morales, senador nacional, presidente de la UCR. “Se busca repartir licencias de AM, FM y canales como bolsones en las organizaciones sociales, lo que se utilizará para arrancar la campaña desde enero de 2011. Se quieren quedar con dos tercios de los medios, para tratar de permanecer 40 años más en el poder”.
Patricia Bullrich, diputada nacional Coalición Cívica. “El Gobierno busca hacer un monopolio de medios amigo. Con este proyecto, entraría al mercado una cantidad de medios cooperativos manejados por el propio Estado y se habilitaría la compra a precio vil de licencias que serían desguazadas de los medios actuales”.
Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria. “Si las telefónicas quieren ingresar en el negocio del cable para transmitir señales de TV, tienen que desmonopolizarse en el negocio telefónico. Sin marco regulatorio que permita que participe una mayor cantidad de actores, vamos a una concentración más contundente”.
